Relatoría #1 de la reunión en la Defensoría del Pueblo con la Red de Veedurías de Santander

Fecha: Viernes 13 de junio de 2025

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Sede Regional de la Defensoría del Pueblo

1. Contexto y Apertura

La sesión se abrió con un planteamiento crítico sobre el abandono institucional hacia las veedurías ciudadanas. Se denunció la falta de apoyo técnico, jurídico y presupuestal, a pesar de que la Ley obliga a las entidades estatales a respaldarlas como mecanismos legítimos de participación y control social.

Las veedurías expresaron su interés por fortalecer las entidades de control y articular acciones conjuntas con la Defensoría del Pueblo.

Click Aquí QUÉ dijo el Defensor del Pueblo?

2. Intervención del Defensor Regional y su equipo

El Defensor Regional Jesualdo Arzuaga anunció la apertura de un proceso liderado por el área de Prevención y Transformación de la Conflictividad para promover el desescalamiento social y mejorar el diálogo entre instituciones y ciudadanía. Reconoció la falta de resultados concretos frente a los derechos de petición, así como la lentitud en los trámites y el desbordamiento de la capacidad institucional.

Dr. Milton Vargas (gestión documental y quejas) expuso que en 2025 se han recibido 14 mil solicitudes, y que se están ajustando rutas para mejorar la eficiencia. Destacó que los derechos de petición se han convertido en un círculo vicioso de congestión, generando frustración tanto en usuarios como en la entidad.

Se enfatizó que la Defensoría no puede actuar como escudo de las protestas, pero sí brinda acompañamiento. Las expectativas de algunos usuarios sobre su rol deben ser aclaradas.

Click Aquí QUÉ dijo Eneas Navas a los Veedores?

3. Denuncias de la Red de Veedurías

Orlando Rondón Azuero, coordinador de la Primera Red de Veedurías, después de 23 años, denunció un sistemático maltrato institucional, especialmente por parte de la funcionaria Dayanna Maldonado de la Personería. Se señalaron trabas ilegales como la exigencia de estampillas, firmas autenticadas y requisitos no previstos por la Ley 850 de 2003. Relató que este proceso ha implicado 1 tutela, 4 desacatos judiciales y una resolución de desistimiento sin fundamento.

Explicó que esta situación ha sido vivida como un acto de estigmatización hacia los veedores, quienes son vistos como obstáculos para la administración pública. Enfatizó que el conflicto parece tener un componente personal y no institucional.

Click Aquí QUÉ dijo Maria Isabel Urrutia de La Contraloría?

4. Intervenciones destacadas

Raúl Guerrero (Veeduría de Floridablanca): Denunció que la Red está siendo obstaculizada por imposiciones administrativas ilegales. La exigencia de estampillas y el desconocimiento de su estatus jurídico constituyen una extralimitación.

Orlando Gómez (Planeación estratégica): Informó que su veeduría lleva cinco años en funcionamiento, con producción de informes y libros.

Mauricio García (Veeduría Gabinete Ciudadano): Registró la situación y apoyó el fortalecimiento de los espacios de articulación ciudadana.

Héctor Malaber: Afirmó que las veedurías son tratadas como un "sofisma de participación". Denunció la indiferencia institucional y social, y solicitó recursos mínimos como papelería y transporte.

Diana Gancino: Señaló la omisión del Estado en sectores vulnerables del norte de Bucaramanga y pidió respuestas frente a temas de salud mental y atención a habitantes de calle. Resaltó la necesidad de veedurías con criterio propio.

Daniel Méndez (Gremio del transporte): Denunció estigmatización y desconocimiento de su rol como veedor por parte de empresas y alcaldías. Ha interpuesto múltiples tutelas e incidentes de desacato.

5. Análisis jurídico e institucional

El equipo de la Defensoría planteó que, según el artículo 3 de la Ley 850 de 2003, la inscripción de veedurías corresponde a las personerías. Se reconoció que hay desfases y vacíos jurídicos respecto a la inscripción de redes de veedurías, ya que no se ajustan al modelo de Organizaciones Sin Animo Lucro (OSAL), lo cual ha generado interpretaciones contradictorias entre entidades como la DIAN, Gobernación y Personería. Click Aquí VER Ley 850 de 2003

María Isabel Urrutia (Contraloría): Indicó que el artículo 67 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y otros vacíos normativos complican el proceso de inscripción. Alertó que sin criterios unificados, se limita la participación ciudadana. Click Aquí LEY 1757 de 2015

Orlando Sánchez: Propuso crear una "Comunidad de Práctica" para compartir conocimiento y enfrentar la desarticulación institucional. Reconoció que este proceso tiene impacto nacional.

6. Compromisos institucionales

El Defensor Jesualdo Arzuaga reconoció las fallas institucionales y propuso lo siguiente:

Reuniones regulares cada 30 a 45 días con plan de trabajo, acciones estratégicas y evaluación de resultados.
Tramitar con el Personero de Bucaramanga la inscripción de la Red de Veedurías.
Solicitar a Bogotá los precedentes exitosos y aplicarlos con base en el principio de igualdad.
Promover el litigio estratégico, la formación ciudadana y articulación con consultorios jurídicos.
Generar respuesta formal sobre inscripción en máximo 5 días.
Proyectar una reunión pública el 14 de julio de 2025 a la 1:30 p.m., como un Café Universal, con presentación de casos emblemáticos y mesas temáticas. Click Aquí TOMÉMONOS un Café

7. Conclusiones y alertas finales

Los asistentes coincidieron en que:

Existe una falla estructural en la relación entre Estado y ciudadanía organizada.
La Personería ha actuado con prepotencia e interpretación subjetiva de la ley.
Se requiere un enfoque estratégico y pedagógico para fortalecer la participación.
Si no se logra la inscripción, se contemplan acciones de protesta como el encadenamiento simbólico.

Click Aquí PROPUESTA CONJUNTA

>El Defensor concluyó: “No nos vamos a comprometer con lo imposible, pero sí con agotar la vía de la legalidad, con buenos oficios, argumentos y diálogo. Las veedurías son expresión legítima de los derechos humanos.”